Desde 2018 se han dado importantes avances para acabar con la exclusión de las personas con VIH de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, adaptando los cuadros médicos a la nueva evidencia científica.
Sí, cualquier persona puede acceder a la función pública porque este acceso se basa en los principios de mérito y capacidad, reconocidos en el artículo 103.3 de la Constitución Española (CE), y en el de igualdad, reconocido en el 14 y 23.2 CE, en la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, y en el artículo 55 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Las personas que aspiren a una de las plazas convocadas deberán superar los procesos selectivos, que podrán consistir en un sistema de oposición o concurso oposición, y que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación. En estos procedimientos de selección podrán incluirse pruebas físicas y reconocimientos médicos (art. 61.2 y 5 EBEP). En la Clínica Legal hemos recibido dos tipos de consultas:
Hay que tener en cuenta que en determinadas oposiciones se solicita información médica de la persona para comprobar que posee las capacidades adecuadas para desempeñar el trabajo.
La Administración General del Estado, la Administración de las Comunidades Autónomas y la Administración Local convocan ofertas de empleo público con carácter periódico para cubrir multitud de ámbitos de trabajo (profesor universitario; profesor de secundaria; Letrado de la Administración de Justicia; inspector de Hacienda, etc.). Con el fin de dar cumplimiento a la normativa sobre riesgos laborales, en estos procesos selectivos se prevé la presentación de un certificado médico acreditativo de no “padecer” enfermedad ni defecto físico o psíquico que imposibilite para el ejercicio de las funciones propias del puesto de trabajo. Este certificado médico, que puede ser expedido por el facultativo de Medicina General del Sistema Nacional de Salud que corresponda, únicamente deberá indicar si la persona es apta o no para la ocupación del puesto y/o para desempeñar las funciones propias de la plaza a ocupar. El dato del VIH no debe ser mencionado pues es irrelevante.
En algunas convocatorias de empleo público (Cuerpo de la Guardia Civil, Cuerpo de Policía Municipal, Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, Cuerpo Nacional de Policía o de alguno de los Cuerpos que componen las Fuerzas Armadas) se incluye un reconocimiento médico. Estos se realizan sobre la base de los llamados “cuadros de exclusiones médicas”. Estos cuadros están compuestos de una lista de patologías agrupadas por el sistema al cual afectan. Se presupone que quien tenga alguna de ellas no podrá desempeñar las funciones esenciales del puesto de trabajo.
Anteriormente, el VIH estaba incluido en estos cuadros, lo que conllevaba una situación de discriminación pues se producía una exclusión genérica que no estaba justificada, a pesar de la evidencia científica que nos confirma que una persona con VIH con la carga viral indetectable no transmite el virus. El contenido de estos cuadros médicos y algunos precedentes judiciales también suponían un problema de autoexclusión, puesto que disuadían a las personas con VIH de presentarse a estas oposiciones.
El 19 de febrero de 2019 se publicó el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2018, por el que se aprueban instrucciones para actualizar las convocatorias de pruebas selectivas de personal funcionario, estatutario y laboral, civil y militar, en orden a eliminar ciertas causas médicas de exclusión en el acceso al empleo público. Mediante este Acuerdo se acordó eliminar de los cuadros de exclusiones médicas una serie de enfermedades, como la diabetes o el VIH. Por tanto, desde 2019 las convocatorias de empleo público no deben incluir el VIH como una causa de exclusión médica de forma automática sino que deben valorar individualmente la situación médica y clínica de la persona con VIH.
Dada la evidencia científica sobre el tratamiento como prevención, esta exclusión estaría injustificada y vulneraría el principio de igualdad y no discriminación y el derecho a acceder a la función pública en condiciones de igualdad y respetando los principios de mérito y capacidad. Desde el Acuerdo de 2018 no debería incluirse el VIH como causa de exclusión médica, no obstante, aún hay algunas convocatorias, sobre todo en la función pública de ámbito local, en las que el VIH sigue formando parte del cuadro de exclusiones. La recomendación en estos casos es impugnar las bases de la convocatoria una vez que esta sea publicada en el boletín oficial que corresponda. Posteriormente, recomendamos impugnar la resolución concreta que, tras pasar por el reconocimiento médico, le excluya del proceso por tener VIH. El Tribunal Supremo ha señalado en sus sentencias 319/2015, de 26 de enero, y 1678/2015, de 7 de abril, que debe acreditarse por la Administración la relevancia que la presencia de la enfermedad pueda tener en la prestación del servicio.
Referencias y Bibliografía
