El estigma y la discriminación provocan importantes desigualdades de trato hacia las personas afectadas que no se justifican… y que pueden ser evitables. Desgraciadamente, el avance que se ha producido en la respuesta médica al VIH no se ha traducido en un avance de igual profundidad en el respeto de los derechos de las personas que tienen VIH.
En España, a pesar de que la Constitución garantiza los mismos derechos a todos los ciudadanos, las personas con VIH siguen percibiendo que no los disfrutan en igualdad de condiciones que el resto pues son excluidas de determinadas profesiones, se les deniega el acceso a determinados servicios, se les impide la contratación de determinados seguros o se les excluye de la vida social y política.
Desde el ámbito del derecho, se subraya que las desigualdades de trato basadas en el estado de salud por motivo del VIH que no tengan una justificación razonable y proporcionada constituyen una discriminación y una vulneración de los derechos de las personas con el VIH a la que hay que dar una respuesta. Es en este marco en el que surge la Clínica Legal de la Cátedra DECADE-UAH de la Universidad de Alcalá, organizada junto con la Coordinadora Estatal del Sida (Cesida).
Una clínica legal ofrece, desde una facultad de Derecho, asistencia legal gratuita a personas sin recursos y a asociaciones, oenegés o colectivos. Las clínicas legales permiten a los estudiantes involucrarse en casos reales mientras prestan un servicio social, siempre bajo la tutela de un profesor. Se trata de un modelo que nació en Estados Unidos. La primera institución que lo puso en marcha fue el Council on Legal Education for Professional Responsibility (CLEPER), patrocinado por la Ford Foundation, en 1960. Después, ha ido ganando terreno en Europa y en España.
La Clínica Legal de la Universidad de Alcalá (UAH) nació en el curso 2012-13 con el objetivo de dar asesoramiento legal gratuito a personas con enfermedad crónica o discapacidad sobre el acceso al ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones. Aquel año, recibieron 27 consultas. Desde entonces, suman ya 2.061. Todas han sido estudiadas por los estudiantes de grado y posgrado de la Facultad de Derecho del centro
A las personas que contactan con la clínica se les envía un informe que da respuesta a su consulta. El informe es redactado por los estudiantes y está supervisado por el profesorado. Recoge argumentos legales para defender sus derechos o a qué órganos de reclamación administrativos o judiciales pueden acudir.
Las consultas pueden enviarse tanto por vía particular como a través de asociaciones. Los casos se manejan bajo la más estricta confidencialidad.
Es importante saber que el servicio que presta la Clínica Legal no es equiparable al que corresponde a un abogado en ejercicio. Ni el alumnado, ni el profesorado, ni los tutores designados para la resolución de una consulta pueden efectuar representación alguna ante órganos judiciales y/o administrativos, ni llevar a cabo otras actividades de litigación o mediación ante cualquier otra persona física o jurídica. Dada la naturaleza de la labor realizada, absolutamente gratuita y que forma parte del proceso de formación académica de los alumnos, los informes presentados no implican responsabilidad. En cualquier caso, la labor realizada es muy significativa. Y también, aunque falte mucho, los pasos dados contra el estigma.
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