Una de las claves para acabar con la pandemia de VIH es, según la directora ejecutiva de Onusida, Winnie Byanyima, que los líderes políticos “protejan los derechos humanos de todas las personas y aborden el retroceso”, afirma en alusión a las leyes homófobas.
Pero la realidad es que el estigma no solo se encuentra en los códigos penales. Y, por eso, insiste: “También tenemos que trabajar contra la discriminación que sigue presente en la sociedad, en los lugares de trabajo, en los centros de salud o en las escuelas, ya que el estigma mata a la gente porque la aleja del tratamiento”. Byanyima llama a líderes de opinión, de las distintas religiones, del mundo de la cultura o a los “iconos del deporte” a luchar contra esta exclusión.
El estigma, la discriminación, las desigualdades sociales y la violencia de género dificultan que las personas se mantengan libres del VIH y protejan su salud. Hay poblaciones clave que son especialmente vulnerables. El reconocimiento de estos obstáculos ha aumentado, pero aún no se refleja suficientemente en leyes, políticas y prácticas. El creciente autoritarismo y los ataques a los derechos humanos y civiles están dificultando aún más la eliminación de estas barreras.
“Tenemos que trabajar contra la discriminación que sigue presente en la sociedad, ya que el estigma mata a la gente porque la aleja del tratamiento”
Winnie Byanyima
Directora ejecutiva de Onusida
El estigma y la discriminación relacionados con el VIH han disminuido en algunos países, pero siguen siendo inquietantemente comunes en muchos otros. Las desigualdades de género son generalizadas en distintos grados. Y en casi todos los países siguen existiendo leyes punitivas contra las personas que viven con el VIH y otros grupos de población clave. La violencia de género, incluida la ejercida contra mujeres y niñas, es todavía hoy una amenaza.
En 42 países, con datos de encuestas recientes, casi la mitad (47%) de las personas albergan actitudes discriminatorias hacia las personas que viven con el VIH. Estas actitudes se encuentran incluso en los centros de salud. Según el Índice de Estigma, realizado en 25 países, casi una cuarta parte de las personas con el virus declara haber sufrido estigma al buscar servicios de salud no relacionados con el VIH durante el año anterior. Estos prejuicios son reversibles, pero muy pocos países están cerca de alcanzar el objetivo fi jado para 2025 de reducir a menos del 10% el porcentaje de personas que viven con el VIH y otras poblaciones clave que sufren estigma y discriminación.
Impulsados por el activismo de las comunidades afectadas, unos pocos países han ido abandonando o reformado las leyes discriminatorias. En conjunto, sin embargo, sólo tres de 193 países no tiene ninguna ley que penalice el trabajo sexual, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, la posesión de pequeñas cantidades de drogas, a las personas transgénero o la no divulgación, exposición o transmisión del VIH. Aunque la prevalencia de la violencia física o sexual por parte de la pareja en los 12 meses anteriores fue inferior al 10% en algo más de la mitad de los 156 países, la posibilidad de sufrir violencia física o sexual sigue siendo inaceptablemente alta incluso en estos países.
Las políticas sanitarias nacionales reconocen cada vez más la necesidad de poner freno a este tipo de violencia. Hay pruebas sólidas que apoyan la integración de la prevención de la violencia en los entornos sanitarios. Sin embargo, su aplicación se ve a menudo frenada por la falta de formación y apoyo del personal sanitario y por la escasez de sistemas de derivación para las supervivientes de la violencia.
Sólo 3 de 193 países no tienen ninguna ley que penalice el trabajo sexual, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, la posesión de pequeñas cantidades de drogas, a las personas transgénero o la no divulgación, exposición o transmisión del VIH.
Las organizaciones no gubernamentales ayudan a prestar servicios y apoyo a las personas, especialmente a las de poblaciones clave, cuyas necesidades en materia de VIH y otros cuidados de salud tienden a ser desatendidas por los proveedores de servicios sanitarios públicos y privados. Estas organizaciones necesitan espacio cívico, entornos jurídicos y normativos que les permitan recibir financiación y operar, y vínculos funcionales con los sistemas de salud pública. Pues bien, estas condiciones faltan en muchos países. Más de dos tercios (71%) de la población mundial vive en 78 países en los que el espacio cívico está totalmente cerrado o muy controlado, lo que pone en peligro los derechos huma-nos más básicos de las personas, incluido el derecho a la salud universal.
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